Google y Facebook pierden privilegios

En medio de la pandemia y con el cambio climático como espada de Damocles sobre la humanidad, el gobierno de Australia sentó un precedente para regular por ley a Google y Facebook a fin de que estas multimillonarias plataformas paguen a periódicos y revistas por el uso de contenidos, lo que no implica cercenar la libertad de expresión.

Durante la primavera árabe, las redes aparecían como las principales impulsoras de la libertad y ahora lo son de los negocios. Foto: Youtube/Google

Por Guillermo Rothschuh*

Aun con reticencias y la oposición de las grandes empresas tecnológicas, nuevas reglas del juego se vislumbran en el horizonte. En poco más de un quinquenio las redefiniciones han sido impulsadas por gobiernos. Abusos constantes, propalación de fake news, creciente poder, ganancias excesivas, falta de rendición de cuentas, proliferación de cuentas falsas e imposición de la censura al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sirvieron como catalizadores. Desde diferentes flancos sufren arremetidas de las que se habían librado. La arrogancia de sus directivos fue la gota que derramó el vaso. En nombre de un liberalismo ramplón, pretendían funcionar sin sujeción alguna. Jamás buscaron acomodo. A largo plazo hubiese resultado beneficioso para todos.

Desatendiendo los llamados de gobernantes, actuando con lentitud hiriente para enderezar agravios, pagando multas millonarias a destajo, las recriminaciones de académicos, reparos de muchos de sus creadores y su terquedad asombrosa, fueron minando poco a poco el ánimo de quienes estaban llamados a meterlos en cintura. El desafío abierto al poder político y sus permanentes cruzadas por mantenerse ajenos a cualquier tipo de regulación, tenían inevitablemente que chocar con el sentimiento de la clase política y reclamos persistentes de centros de pensamiento e investigación. Ya no gozan de la admiración y venia de los usuarios. Prevalece el desencanto. La clase política tiene despejado el camino para actuar en consonancia con sus deseos.

Era inevitable que los centros de poder se alarmaran. En la historia de la humanidad nunca un grupo de negociantes habían dominado el mundo. Cuatro o cinco a lo sumo. En el trayecto que va desde finales de 1990 a la fecha, surgieron voces discordantes. Poco se les prestaba atención. La globalización y su principal propulsora —la revolución científico-técnica— mantenían aletargados los espíritus. Sus invenciones pasmaban la imaginación. La caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, solo eran el preludio. Cegados por los triunfos en marcha, el capitalismo resurgía victorioso. El mercado imponía reglas del juego y la comunicación surgía como nuevo paradigma. Todo marchaba a su favor.

Pecan de ingenuos quienes sostienen que establecer normas en el uso de las redes afecta el ejercicio de la libertad de expresión. Todo lo contrario. La libertad de expresión es un derecho político cuyo ejercicio pertenece a todos los ciudadanos por igual.

Las redes aparecían como las principales impulsoras de la libertad, lo acontecido en Túnez anunciaba una nueva alborada. La primavera árabe ratificaba que estábamos a las puertas de un nuevo amanecer. Casi todos compartíamos la alegría de contar con herramientas tecnológicas que ayudarían a establecer en la tierra el reino de los cielos. Una libertad plena y compartida. Pero a partir de la campaña electoral para la presidencia en Estados Unidos (2016), las redes mostraron sus fístulas y furúnculos. El uso matrero era revelador. No podíamos llamarnos a engaño. Entre más enrevesada su utilización, mayores ingresos para sus dueños. Las redes quedaban al desnudo. La negativa de sus dueños de corregir o enmendar errores es preocupante.

El más opuesto en aceptar que las plataformas habían derivado en dispositivos de comunicación privilegiados fue Mark Zuckerberg. Con evidencias en contrario, continuó afirmando no haber imaginado el ascendiente de las redes sobre el ánimo de los votantes. Las afirmaciones de los expertos fueron desoídas. ¿En dónde quedaban entonces las lecciones aprendidas? Todo lo ocurrido en los países árabes no pasaba de ser para ellos un simple espejismo. Los enfrentamientos librados contra los militares egipcios de censurar las redes, ¿acaso no mostraban de manera transparente su influencia movilizadora y decisoria? Las redes entraban de lleno a la palestra política. Eran un instrumento de combate prodigioso. Todos lo comprendían, menos sus dueños.

El primero en demandar una contraprestación económica a Google y Facebook fue el magnate Rupert Murdoch, dueño de News Corporation. Finalmente salió airoso. Ganó la partida. La firma de un convenio de pago con Google, por el uso de contenidos, supone un logro. A la larga favorecerá a los dueños de medios. Una aspiración compartida.

Los artífices de este mundo subyugante leyeron con todas sus letras el libro de Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza (Alianza Editorial, 2012), un compendio de las protestas ocurridas en Europa y Estados Unidos al amparo de las redes. Cuando Trump hizo de Twitter una prodigiosa máquina para gobernar, Barack Obama ya había probado sus mieles. ¿Cómo no esperar reacciones del estamento político? Son los más conscientes de la necesidad de legislar su uso, especialmente después de lo acontecido a Trump. Los académicos volvieron por sus fueros. Siguen señalando la urgencia de normar su funcionamiento. No puede quedar en manos de sus dueños una responsabilidad que compete al Estado. Sería demasiado riesgoso y problemático.

El profesor de Filosofía y Ética de la Información y director del Digital Ethics Lab en la Universidad de Oxford, Luciano Floridi, en un ensayo aleccionador, ratificó que la infoesfera es un espacio de relación compartido: “influye en todos los demás espacios, incluso en el físico, si pensamos en la defensa y la seguridad. Por eso no pertenece a nadie (como la luna), sino a todos”. Otorga razón a quienes disentimos por la censura impuesta a Trump: “la soberanía de este espacio no puede depender de empresas privadas, de estrategias de negocio, de autorregulaciones y fuerzas del mercado”. Llegó la hora de regular su utilización, “con procedimientos públicos, transparentes, democráticos, iguales para todos y justificados legalmente por todos los derechos humanos, para evitar arbitrariedades, abusos y discriminaciones”.

Pecan de ingenuos quienes sostienen que establecer normas en el uso de las redes afecta el ejercicio de la libertad de expresión. Todo lo contrario. La libertad de expresión es un derecho político cuyo ejercicio pertenece a todos los ciudadanos por igual. Debemos estar claros, “el valor de la infoesfera no reside en su infraestructura física o informática, que suele ser de propiedad privada, sino en los contenidos provistos y compartidos con la comunidad de usuarios a la que pertenecen”. Un razonamiento claro y acertado. No hay que confundir la libertad de expresión con los artefactos. La pregunta toral sigue siendo, ¿Cómo regular las redes sin menoscabar el derecho a la libertad de expresión? Existe temor que los legisladores puedan extralimitarse. Hay que estar prevenidos.

En un mundo comandado por los dueños de las redes, toda intervención de los poderes establecidos era considerada lesiva para sus intereses económicos. Se habían negado a pagar por la utilización de contenidos tomados de medios y periodistas. Alegaban que ambos actores resultaban beneficiados. Una verdad a medias. La tajada del león la llevaban siempre los propietarios de las redes. El primero en demandar una contraprestación económica a Google y Facebook fue el magnate Rupert Murdoch, dueño de News Corporation. Finalmente salió airoso. Ganó la partida. La firma de un convenio de pago con Google, por el uso de contenidos, supone un logro. A la larga favorecerá a los dueños de medios. Una aspiración compartida.

El acuerdo firmado con Alphabet Inc., empresa matriz de Google, puso fin a un litigio de muchos años. Ambas empresas se comprometieron a desarrollar formatos de periodismo de audio y videoperiodismo por YouTube. Ya antes Murdoch había logrado el pago de Apple y Facebook, autorizándoles a comercializar Apple News y Facebook News. El giro experimentado es de ciento ochenta grados. Google desea firmar acuerdos similares con los principales editores de medios del Reino Unido, Alemania, Brasil y Argentina. La asociación de editores News Media Aliance, que agrupa a 2 mil diarios de Estados Unidos y Canadá, desea presentar un proyecto de ley ante el Congreso de Estados Unidos para negociar colectivamente con Google y Facebook.

En el otro extremo del mundo, Australia, se convirtió en el primer país en requerir por ley el pago por la difusión de contenidos. Una exigencia planteada por diversos rumbos del planeta. Funcionarios de los poderes del Estado de distinto nivel coinciden en la necesidad de imponer pagos. La decisión de los australianos sienta un precedente a nivel mundial. Es la primera ocasión que Google y Facebook pagarán por mandato legal, a periódicos y periodistas por el uso de contenidos. Otros países harán lo mismo. Los gobiernos europeos pugnan para que los dueños de redes paguen por estos usos. El debate en el seno del Congreso y Cámara de Representantes de Estados Unidos va más allá. La experiencia en casa indica que las redes deben estar sujetas a reglas.

Los cambios dan por terminados los privilegios de las tecnológicas, y muy pocos expertos, excepto quienes trabajan en las redes, se aventuran a salir en defensa de sus propietarios. Sus inequidades imposibilitan sumar voces a su favor. El tiempo y los hechos favorecen a medios y periodistas. Los acontecimientos han demostrado que la autorregulación no funciona. Sería lo ideal. Se precipitaron. En vez de aprovechar esta prerrogativa, terminaron dilapidándola. Están inhibidos de levantar esta bandera. Carecen de toda legitimidad. Mientras tanto el mundo sigue su curso, atrapado entre el coronavirus y con la espada del cambio climático sobre la yugular. Ninguna providencia en las actuales circunstancias está de más. Es ahora o nunca.

*Comunicólogo, escritor y académico nicaragüense doctor en Derecho. El presente artículo fue publicado el 13 de marzo de 2021 en el periódico Confidencial y reproducido aquí con autorización del autor. https://www.confidencial.com.ni/opinion/los-gigantes-tecnologicos-pierden-privilegios/

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